Ramon ALCOBERRO

 

¿Qué debe hacerse cuando un gobierno comete crímenes atroces contra su propio pueblo, o sobre una parte de él, lo sume en la miseria, o no le facilita acceso a los mínimos imprescindibles para llevar una vida humana digna? ¿Qué debe hacerse si un gobierno no respeta los derechos humanos de su propio pueblo o de parte de él? ¿Hay que respetar la soberanía interna de cada país o debemos proteger a la gente contra su propio gobierno? Una de las cuestiones más debatidas en el ámbito de los derechos humanos es la reconsideración de los límites de la soberanía de los Estados en relación con la protección de los derechos humanos básicos. Es bien sabido que en el mundo existen un gran número de Estados fallidos, donde la corrupción, la incapacidad política, los odios tribales, etc. hacen del todo imposible que la población pueda gozar de una vida digna.

La situación ha llegado a ser tan brutal que muchas veces se ha planteado si la comunidad internacional tiene o no derecho de injerencia en los asuntos internos de un país para defender a los ciudadanos de su propio gobierno. Un gobierno que, generalmente, en estos casos ha llegado al poder como consecuencia de guerras, golpes de Estado o de ayudas interesadas por parte de terceros (otros gobiernos o empresas multinacionales interesadas en hacerse con las materias primeras del país). El concepto mismo de “injerencia” parecía muy difícil de asumir, así que se optó por el de «responsabilidad de proteger», desarrollado por quien fuera secretario general de la ONU de 1997 a 2006, Kofi Annan, especialmente sensibilizado por conflictos como los de Ruwanda, Somalia y Timor en el cambio de siglo.

En la expresión «responsabilidad de proteger» (en inglés “R2P”) apareció por primera vez en el informe de la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados (ICISS), establecida por el Gobierno del Canadá en diciembre de 2001.

El informe se estableció como principio de política internacional que la soberanía no solamente daba al Estado el derecho de “controlar” sus asuntos, sino que también le confería la “responsabilidad” primaria de proteger a la población dentro de sus fronteras. Se proponía que cuando un Estado masacra a su propia población o no resulta capaz de protegerla, ya fuera por falta de capacidad o de voluntad, la responsabilidad de defender los derechos de esa población incumbía a la comunidad internacional en su conjunto.

El concepto incluye toda una serie de obligaciones que la comunidad internacional ha de asumir antes, durante y tras el conflicto en favor de la ciudadanía de un país sin una administración o un gobierno mínimamente decentes. En el informe de la Comisión se establecía que el concepto de la responsabilidad de proteger incluía una serie de obligaciones:

• la responsabilidad de prevenir que se cometan crímenes de esa naturaleza,

• la responsabilidad de reaccionar cuando ocurran y

• la responsabilidad de reconstruir las sociedades tras de una crisis

En septiembre de 2005, en la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas, todos los Estados Miembros aceptaron oficialmente la responsabilidad de cada Estado de proteger a su población del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. En el Documento Final se estableció además que la comunidad internacional, a través de las Naciones Unidas, tenía también la “la responsabilidad de utilizar los medios diplomáticos, humanitarios y otros medios pacíficos apropiados, de conformidad con los Capítulos VI y VIII de la Carta”, para ayudar a proteger a las poblaciones de esos crímenes.

El papel de la «responsabilidad de proteger» es básicamente preventivo: si un sátrapa local sabe que su país pude ser militarmente ocupado por la comunidad internacional en caso de que el gobierno desprecie los derechos humanos, y que él mismo puede verse ante el Tribunal Penal Internacional, se supone que se lo pensará más de dos veces antes de tomar determinadas medidas.

En palabras de Kofi Annan: «Si los Estados que se conducían de forma criminal sabían que las fronteras no eran una defensa absoluta –si sabían que el Consejo de Seguridad actuaría para detener los crímenes contra la humanidad–, entonces no emprenderían una política así con la expectativa de impunidad que da la soberanía». K. Annan: Intervenciones, una vida en la guerra y en la paz, Madrid, Taurus, 2013, p.131.

El concepto de “responsabilidad de proteger” parecía ser más refinado que el de “derecho de intervención” que conceptualmente resultaba confuso. Jacques Forster (vicepresidente del Comité Internacional de la Cruz Roja), manifestó en la inauguración de unas jornadas en Ginebra el 8 y 9 de marzo del año 2000 sus dudas sobre si la acción humanitaria y la intervención armada son compatibles y sobre la imparcialidad en el ejercicio del derecho de intervención. Al hablar de “responsabilidad” en vez de usar el término “derecho” se quiso obviar esa dificultad poniendo por delante el elemento preventivo.

Pero tampoco hay que ser ingenuos: ningún país del mundo cumple con “todos” los derechos humanos, ni siquiera quienes dicen promocionarlos y a veces envían incluso tropas en misiones internacionales (muchas veces carísimas en dinero y en vidas) para defenderlos. Tampoco la protesta por el incumplimiento de los derechos humanos es imparcial. Ciertamente a nadie propone invadir Estados Unidos solo porque mantiene Guantánamo o porque la protección de la salud de los niños afroamericanos en Nueva Jersey o en el Bronx brilla por su ausencia. La «responsabilidad de proteger» muchas veces tiene el peligro de convertirse en la coartada de un nuevo imperialismo que se ejerce ahora en nombre de los derechos humanos, con mayor o menor dosis de sentimentalismo.

 Vista la situación de África en los últimos años del siglo 20 y en los primeros del siglo 21, es muy obvio que las antiguas potencias coloniales contribuyeron primero a destrozar la convivencia entre etnias, a derrocar posteriormente gobiernos populares y a ahogar financieramente a esos países, para luego rasgarse las vestiduras exigiendo “intervenciones humanitarias”. La destrucción de las antiguas colonias y su conversión en Estados fallidos siempre ha contado, además, con la ayuda entusiástica de las élites locales, especialmente en los países africanos. Parafraseando la famosa frase, las élites africanas “nunca han perdido una oportunidad de perder una oportunidad”, pero el uso cínico de la «responsabilidad de proteger» es hoy criticado unánimemente por universitarios de países del Sur.