LOCKE Y EL GOBIERNO DE PROPIETARIOS

José María LASSALLE

 

La entrada en el estado civil fue vista por Locke como una solución para impedir eficazmente que los hombres cayeran en la corrupción. Idea que vinculaba su pensamiento con las tesis de Sidney cuando afirmaba que la virtud era esencial no sólo para el establecimiento, sino para la conservación de la libertad. El autor de los Discourses Concerning Goverment no dudaba en señalar que la virtud, además de básica para el logro de la verdadera felicidad, era imprescindible para que alguien pudiera ser tenido por libre. Citando a Maquiavelo decía que éste pensaba «que es imposible que un pueblo corrupto establezca un buen gobierno, como que se pueda establecer la tiranía si prevalece la virtud». El cambio de escenario para Locke al pasar del estado de naturaleza al civil no modificó el horizonte moral que enmarcaba ambos ni la vigencia del individualismo virtuoso que lo hacía posible. El objetivo del cambio era reforzarlo, pues el fin del estado civil no era derogar la ley natural, sino asegurarla. Hasta el punto que ésta se convirtió en el objeto convencional del poder político, en su esencia y finalidad. La elección del contrato como instrumento de legitimación del gobierno que nacía de él fue, según Passerin D’Entreves, «el único camino posible que quedaba para deducir la existencia de las instituciones sociales y políticas una vez que la razón humana se había erigido en criterio último de los valores». Libres e iguales por naturaleza y propietarios de su conciencia y de los bienes adquiridos a través del trabajo, los hombres sólo podían abandonar el estado de naturaleza si prestaban su consentimiento. Por el contrato, renunciaban a la libertad natural para situarse dentro de los límites de la sociedad civil con el propósito de «vivir unos con otros en paz, tranquilidad y con la debida comodidad, en el disfrute seguro de sus propiedades respectivas y con la mayor salvaguardia frente a aquellos que no forman parte de esa comunidad».

Gracias al contrato, el poder político que surgía de él y las leyes que elaboraba eran legítimos. El consentimiento de los gobernados se convertía en una condición de legitimidad. «Aquello que da inicio y constituye en realidad a una sociedad política no es más que el consenso de un grupo de hombres libres capaces de formar una mayoría y unirse e incorporarse a tal sociedad». Hasta el extremo que «esto y sólo esto es lo que dio y pudo dar principio a cualquier gobierno legítimo en el mundo». Con esta maniobra teórica, la incipiente modernidad modernidad que había en el pensamiento de Locke salió a relucir aunque envuelta por la retórica de la Antigua Constitución que manejaban los whigs. Insistió en que «los gobiernos tendrían que volver a constituirse al viejo estilo, utilizando el talento y consenso propios de los seres humanos, razonando y reuniéndose en sociedad». Esta combinación estratégica de recurrir al pasado pactista y recubrirlo con una racionalidad contractualista era típica del programa whig y se puso en circulación a raíz de la convocatoria de elecciones que tuvo lugar después de la disolución del Parlamento en 1680. Para los whig la impugnación argumentativa del absolutismo era prioritaria. Acusaron a Carlos II de querer implantar en Inglaterra un modelo extranjero corrupto traído de Francia. Como advertía Locke: «En los últimos tiempos han surgido entre nosotros una generación de hombres que quisieron envanecer a los príncipes sugiriéndoles que disfrutan de un derecho divino al poder absoluto, al margen de las leyes que los han instituido y por las que deben gobernar». Pero el gobierno legítimo no sólo lo era porque naciera del consentimiento sino porque se sometía a la finalidad de preservar más eficazmente la libertad e igualdad natural, así como la propiedad. No tenía sentido que los hombres, comportándose de acuerdo con la ley natural, como lo habían hecho al salir del estado de naturaleza, quisieran cambiar de situación con el propósito de empeorarla. Esto era especialmente relevante en relación a la propiedad. En ella se condensaba el individualismo virtuoso en el que se fundaba toda su teorización política. Propietarios de sus conciencias, personas y los frutos de su trabajo, los hombres quedaban protegidos bajo el manto de del gobierno para profundizar en el cumplimiento de sus deberes hacia Dios. Si el fin del gobierno era la preservación de sus propiedades, una vez que entraban en la sociedad, la comunidad les reconocía un derecho que «nadie puede arrebatarles sin su consentimiento». Redondeando el argumento con una declaración de principios que conectaba su reflexión con la situación política que se vivía en Inglaterra a finales de 1680: «Así pues, por más que un príncipe o el senado tengan el poder de hacer leyes para la regulación de la propiedad entre los súbditos, no pueden tener en ningún caso el poder de enajenarla, en todo o parte, la propiedad a ninguno de sus súbditos sin que éstos consientan a ello».

 

Fragmentos del libro de José María LASSALLE: Liberales. Compromiso cívico con la virtud. Barcelona: Debate, 2010. Cap. 4º,  pp. 172-174.

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